El pasado mes de junio vimos una entrega parcial del Telegram a las autoridades rusas. En ese momento, tras la presión de la acusación de ser un canal fértil para la comunicación entre terroristas, la plataforma de mensajería había aceptado registrarse en los organismos gubernamentales rusos, bajo pena de expulsión del servicio de la Federación.
Al hacerlo, su fundador Pavel Durov garantizó que, aunque aceptó este procedimiento para evitar la prohibición de Rusia, no ofrecería al gobierno las herramientas para acceder a los datos de los usuarios, es decir, las claves necesarias para descifrar conversaciones en sus servidores. Esto ha llevado a un nuevo capítulo en el asunto, que ha llevado a una de las cortes moscovitas a multar a la empresa por 800.000 rublos, o alrededor de 11.600 euros.
Las razones del fallo son las que se pueden entender fácilmente desde la premisa, es decir, la falta de acceso pleno a los datos de los usuarios. En cualquier caso, esto no conducirá a una prohibición del servicio de la Federación Rusa, sino a una maniobra de fachada, dada la pequeña multa asignada, que permite al gobierno mostrar el duro golpe hacia los servicios que no está en condiciones de controlar directamente.
Pavel Durov ha expresado su opinión al respecto, señalando que las peticiones recibidas son inconstitucionales y ha anunciado su intención de apelar la sentencia. Durov ha comenzado así la búsqueda de un abogado que se proponga ocuparse del caso (la defensa de una posición no gubernamental en Rusia puede ser muy costosa, no desde el punto de vista financiero), ya que pretende sentar un precedente para proteger la privacidad de los ciudadanos, aunque el asunto puede simplemente cerrarse con el simple pago de la multa. Veremos cómo evolucionarán las cosas en los próximos meses.